Por Cybernews
SAN JUAN – La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, señalando incumplimientos significativos en el manejo de sus recursos entre 2021 y 2023.
El informe revela que la ARV no retuvo el 1.5% de la aportación especial en el 47% de los comprobantes examinados, incumpliendo la ley que aplica a contratos de servicios mayores a 300,000 dólares, salvo excepciones con declaración jurada. Como resultado, dejó de recaudar 2,366 dólares que pudieron haberse destinado a otros gastos operacionales.
Además, la División de Finanzas carece de un registro interno de firmas autorizadas para certificar facturas, una deficiencia que aumenta el riesgo de irregularidades.
El informe también destaca demoras significativas en la prestación de servicios a los consumidores. De una muestra de 306 servicios evaluados, dos contratistas brindaron 17 servicios hasta 105 días tarde. Aunque el periodo de evaluación fue extendido de 20 a 30 días en 2023, se identificaron retrasos de hasta 216 días en la prestación de 16 servicios. Estas demoras afectaron la entrega oportuna de servicios esenciales para las personas con impedimentos.
El presupuesto total de la ARV entre 2021 y 2024 fue de 295 millones de dólares, de los cuales desembolsó 217 millones. La auditoría recomienda al Departamento de Hacienda considerar los hallazgos sobre la falta de retención de la aportación especial del 1.5% y tomar las medidas correspondientes.
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